Un proyecto presentado en el Senado para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal generó preocupación entre empresas y sectores vinculados al petróleo, el gas, la minería y el agro. La iniciativa fue impulsada por la senadora Edith Terenzi y contempla penas de prisión para determinados daños ambientales considerados graves o irreversibles.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la amplitud de la figura propuesta. Sectores privados sostienen que conceptos como daño “irreversible” o “especialmente grave” no están definidos con parámetros suficientemente precisos, lo que podría generar distintas interpretaciones técnicas y judiciales.
La preocupación es especialmente fuerte en actividades de largo plazo como Vaca Muerta y la minería, donde las inversiones requieren grandes desembolsos y marcos regulatorios previsibles. Los críticos advierten que determinados incidentes operativos o incumplimientos que hoy se resuelven por la vía administrativa o civil podrían terminar también bajo análisis penal.
El proyecto contempla sanciones incluso cuando el daño se produzca por imprudencia, negligencia o impericia. Para los sectores productivos, esa posibilidad podría modificar la evaluación de riesgo de nuevos proyectos y sumar incertidumbre al momento de decidir inversiones.
La discusión legislativa plantea así un debate entre la necesidad de reforzar la protección ambiental y la búsqueda de reglas claras para sectores considerados estratégicos para la generación de empleo, producción y divisas. El proyecto todavía deberá atravesar el debate parlamentario antes de convertirse en ley.
